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Su mayor deseo es alimentar a sus comunidades, pero la administración Trump lo complica al poner obstáculos.

Una persona se arrodilla en la tierra entre hileras de lechugas y hierbas aromáticas.
Elena Neale-Sacks
/
KAZU Noticias
A.C. cultiva tres acres de tierra en ALBA, en Salinas.

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A.C. lleva cuatro años dedicada a la agricultura en Salinas. Comenzó a cultivar con un objetivo claro: ofrecer productos saludables a su comunidad.

KAZU la identifica solo con sus iniciales porque ella teme la vigilancia migratoria.

A.C. siembra fresas y verduras orgánicas en una parcela de tres acres dentro de ALBA, la Asociación de Formación Agrícola y Rural.

Como agricultora relativamente nueva, A.C. ha tenido que apoyarse en financiamiento externo para poder iniciar su negocio.

“El año pasado fue un buen año,” ella señaló, “gracias a la existencia de varios programas gubernamentales.”

Un programa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) marcó una gran diferencia—el Local Food Purchase Assistance Cooperative Agreement Program (LFPA). Comenzó bajo la administración del presidente Joe Biden y permitió que los bancos de alimentos tuvieran fondos para comprar directamente de los agricultores locales y a un precio justo de mercado. Otro programa similar brindó apoyó a agricultores locales, facilitando la venta directa a las escuelas.

Sin embargo, esta primavera el presidente Donald Trump decidió eliminar el financiamiento que ya se había asignado a ambos programas.

Para muchos, incluida A.C., esto fue un golpe enorme.

“Porque antes el banco de alimentos solía comprarme cada semana,” ella dijo, “el programa apenas me han comprado una o dos veces, únicamente desde este cambio.”

Todos estos cambios están afectando su parcela. Además, materiales como los fertilizantes han subido de precio debido a las políticas arancelarias de Trump.

La Alianza Comunitaria para los Agricultores Familiares (CAFF) ayuda a los agricultores a vender sus productos. También recibió financiamiento del LFPA.

Héctor Reider es codirector del programa de CAFF que conecta a los agricultores con los mercados locales.

“Lo que tenemos al final son agricultores que no pueden vender en sus propias comunidades", comentó. Y, por supuesto, eso es exactamente lo que quieren hacer.

En julio, el USDA anunció la liberación de parte de los fondos del programa LFPA que había cancelado anteriormente, según un portavoz comunicó. Estos recursos corresponden a las dos primeras rondas de financiamiento del LFPA, pero la fase más reciente sigue cancelada.

En el Congreso hay un nuevo proyecto de ley recientemente presentado que busca generar una fuente de financiamiento parecida a la de LFPA. El representante demócrata Jimmy Panetta, que representa a la Costa Central, es uno de los copatrocinadores, y el proyecto de ley cuenta con el apoyo de ambos partidos.

Un informe de 2023 del Wallace Center, una organización sin fines de lucro dedicada a la agricultura y alimentos, señala que cada dólar invertido a través del LFPA ha rendido cerca de $1.75 en impacto económico local.

“Lo que crean estos programas no es necesariamente un subsidio, sino un canal de mercado que en realidad es accesible y paga un precio justo de mercado”, dijo Reider.

Sin programas como el LFPA, señaló Reider, los agricultores se quedan con dos opciones principales: vender a distribuidores grandes o recurrir a mercados locales. Los mercados pueden ser más lucrativos, pero solo después de invertir mucho: un camión refrigerado, suficiente variedad para surtir un puesto y más gente que lo atienda.

Everardo Solorio y su primo siembran 23 acres entre San Juan Bautista y Prunedale. Los mercados donde venden se extienden desde Hollister hasta Oakland, Sacramento y el condado de Marin. Para esta operación se necesita mucha gente: actualmente tienen cuatro empleados de tiempo completo y media docena de medio tiempo.

Dos personas con sudaderas ligeras con capucha están de pie delante de un campo de lechugas.
Elena Neale-Sacks
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KAZU Noticias
Everardo (izquierda) y Roberto Solorio en su granja en San Juan Bautista en agosto de 2025.

El aumento de la vigilancia migratoria mantiene a Solorio preocupado por sus empleados.

“La verdad es que nos da miedo por la gente que tenemos trabajando”, comentó. “Ha habido ocasiones en que nos dicen: ‘Escuché que hay inmigración por allá, no podremos ir’.”

Con esta situación, Solorio tiene que reorganizar dónde trabajará la gente cada día, pero gracias que hasta ahora ni él ni su personal han tenido encuentros con agentes de inmigración.

A.C. señala que lo que más teme la gente es ser separada de sus familias. Ella comenta que, en ocasiones, les pregunta a las personas cuánto tiempo han vivido en Estados Unidos. Con frecuencia contestan que llevan años, a veces incluso décadas.

“En ese momento, ya no eres de otra parte, eres de aquí,” comento, “porque aquí están tus raíces, tus hijos… tu vida entera.”

A.C. contó sobre la ocasión en que la escuela de su hija repartió fresas traídas directamente de agricultores locales. Los niños estaban muy emocionados.

Cuenta que cuando su hija llegó a casa le preguntó, “'Mamá, las fresas son de tu cosecha y parcela?' Yo le comente que no lo eran, pero guardo la esperanza que algún día lo sean.”

Elena is an Emmy award-winning researcher, reporter, and producer. Before joining KAZU, they worked as a podcast producer at The Oregonian. Their reporting and research has been featured on NPR, KQED, Netflix, Reveal, CalMatters, and more. Elena is an alum of the UC Berkeley Graduate School of Journalism and UC Santa Cruz. You can reach them at elena@kazu.org.
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